* Poca apertura de partidos y del gobierno para crear organismos ciudadanos auténticos, con funciones específicas que contribuyan a la transparencia y a la rendición de cuentas
* Restringen la participación ciudadana al día de la elección o a organismos ciudadanos simulados, incondicionales, que se “apagan” después de tediosas sesiones sin respuesta
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Por
Miriam Contreras
La
participación ciudadana en la toma de decisiones de los tres órdenes de
gobierno, principalmente en el local, se presenta como una demanda creciente,
pero a la vez con mucha indecisión al abrirse las oportunidades, porque no
están convencidos de que sean realmente escuchados y de que las cosas cambien.
Por
otro lado, los partidos políticos y los gobiernos desalientan y desvirtúan la
participación ciudadana, restringiendo el número y catálogo de ciudadanos a
determinados organismos o integrando a otros, pero con el “entendido implícito”
de ser incondicional. Hacen elecciones o selecciones dirigidas para que los
organismos ciudadanos se integren con los que ellos quieren: IMIPE, JUMAPA,
IMEC.
En
tiempos de campañas, los candidatos y, sólo entonces los partidos políticos
también, toman como bandera política el tema de la participación ciudadana, por
la necesidad del voto. Los políticos necesitan del voto para ganar la elección
y sólo los ciudadanos se los pueden dar. En contra parte, prometen apertura,
aprobar leyes que les permitan decisión en todo.
Sin
embargo, en la práctica, los mecanismos legales para incluir a la sociedad en
las decisiones gubernamentales son muy pocos, restringidos y hasta simulados;
los mismos desde hace muchos años que no terminan de ser reglamentados o con
requisitos imposibles de cumplir.
En
Celaya, por ejemplo, no existe un Reglamento de Participación Ciudadana. Hubo
una propuesta en el programa de “Destino: Oír tu Voz”, en 2009, pero hoy
todavía está en la lista de pendientes de la Comisión de Gobierno, Reglamentos
y Justicia Municipal.
Según
su presidente, Jorge Serrano Machuca (PAN), han existido otros temas que
atender, “sin embargo pronto se someterá a discusión, éste y otros
reglamentos”.
Además,
la creación del Observatorio Ciudadano de Seguridad está detenido, aunque las
autoridades municipales han afirmado que antes de que concluya la
administración estará integrado.
Al
respecto la iniciativa privada se ha manifestado en contra de la política de la
administración municipal, debido a que los Consejos Directivos de los
organismos descentralizados, “no están ciudadanizados”, como el Instituto
Municipal de Planeación (IMIPE).
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Esta
situación ha sido calificada como “delicada” por el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Mauricio Usabiaga, ya que se requiere de la
participación de la sociedad para que aporte sus conocimientos y las decisiones
no atiendan a intereses de un solo grupo.
En
tanto, a nivel estatal sí existe la “Ley de Participación Ciudadana del Estado
de Guanajuato”, en donde se enlistan cuatro formas en las que la sociedad puede
participar en las decisiones de gobierno: el plebiscito, la iniciativa popular,
el referéndum y referéndum constitucional. Sin embargo, debido a la complejidad
para realizarlos, en la historia de Guanajuato se ha recurrido una sola vez a
este instrumento.
De
acuerdo a información proporcionada por el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, en 2010 se realizó el primer y único plebiscito en la historia de
la entidad, que sirvió para conocer la postura de los habitantes de la capital
del estado, respecto a la construcción de un fraccionamiento en una zona de
alto valor ecológico, el cerro de la Bufa.
En
ese momento los juristas, incluyendo los que pertenecen a colegios de
profesionistas, evidenciaron que la Ley de Participación Ciudadana Estatal
“tenía múltiples candados”, que no permitían una participación real, debido a
que la normativa estatal, valida una
votación en la que participe mínimo el 50 por ciento de las personas inscritas
en el padrón electoral del estado y de éstas, el 60 por ciento lo haga en un
mismo sentido. (Artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Guanajuato).
En
aquel momento, el plebiscito no tuvo éxito, ya que “los guanajuatenses no
fueron muy participativos”, lo cual excluye de responsabilidad al IEEG, según
Santiago Hernández Ornelas, en ese tiempo presidente de la Consejo General de
ese instituto.
Al
final el Ayuntamiento de Guanajuato decidió, si se autorizaba o no, el cambio
de uso de suelo de esa zona para construir un desarrollo habitacional, y no las
personas, ya que sólo acudieron a votar menos del 15 por ciento, registrado en
el padrón electoral.
Esto
evidenció las limitadas posibilidades de participar de los guanajuatenses,
debido a una legislación “que se queda corta” para el nivel de participación
que exigen los habitantes de la entidad, reclamaron integrantes de la
Asociación Civil, “Guanajuato somos todos”.
SIEMPRE
PARTICIPAN LOS MISMOS; RECLAMAN INCLUSIÓN CIUDADANA
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El
“desencanto” de la población para involucrarse en decisiones de gobierno es
evidente. Son pocas las personas que acuden a una sesión de Ayuntamiento en sus
municipios, por ejemplo; pocos quieren participar en los consejos directivos de
los organismos descentralizados. Siempre son las mismas personas las que están
en los patronatos”, opinaron diferentes presidentes de colonos de la ciudad,
entre ellos José Ángel Sixtos García, de la colonia Tierra y Libertad.
Asimismo,
reconocieron que en ocasiones no han podido convencer a “sus representados” de
involucrarse en las decisiones que toman en las colonias, porque la gente opina
“que todo va a seguir igual”.
Existe
el caso de los Consejos Consultivos de los Institutos Municipales, en donde,
más del 60 por ciento de sus miembros, son integrantes del Ayuntamiento y
funcionarios municipales y se acortan los lugares para que gente de la sociedad
civil participe.
En
el caso de los consejos ciudadanos, el de Seguridad (Consejo Municipal de
Participación Ciudadana) se ha mantenido anónimo, ya que las autoridades no han
presentado a sus integrantes, ni las conclusiones y resultados de sus trabajo.
Cabe
señalar que a este organismo le corresponde liderar la creación de un
Observatorio Ciudadano de Seguridad, el cual “está en proceso”, según el último
reporte de la Dirección de la Policía Municipal.
Respecto
a esta situación, consejeros estatales de Seguridad, como Alberto Pérez
Quiroga, han cuestionado esta decisión del gobierno municipal.
IMPULSAN
OBSERVATORIOS CIUDADANOS
El
empoderamiento de la población se logrará a través de una correcta
fiscalización de los recursos públicos de parte de la ciudadanía y la
transparencia de los gobiernos, ha sostenido en diferentes espacios con El Sol
del Bajío, el director del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, Horario
Guerrero.
En
Guanajuato, únicamente el municipio de León instaló un Observatorio Ciudadano,
el cual participa con la realización de diagnósticos, encuestas y estudios para
generar propuestas y entregárselas a los servidores públicos para que puedan resolver
la problemática que detectan.
Este
ejercicio, según el funcionario estatal es de suma importancia para generar el
desarrollo del estado. Por ello, enfatizó, los gobiernos locales deben impulsar
la creación de Observatorios Ciudadanos que atiendan diferentes temas, tales
como: el desarrollo urbano y ambiental, la seguridad y el desarrollo social.
Los
Observatorios Ciudadanos permiten, además, la evaluación de las acciones de
gobierno, de manera directa y real, por lo que esta retroalimentación hacia los
gobernantes “les sirve de termómetro para saber si van por el camino correcto”,
opinó el funcionario.
“Cada
Observatorio Ciudadano debe contar con la representación de personas
especialistas en las diferentes ramas para generar proyectos viables, que atiendan
de manera directa las demandas de la gente”.
COPLADEM:
EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los
miembros del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem) están
orgullosos de los proyectos que han generado sus integrantes. Actualmente es uno
de los consejos ciudadanos más sólidos que existen en Celaya. Pese a que su
conformación es obligatoria, integrar los subcomités con el número mínimo de
sus integrantes, no ha sido fácil; sin embargo, eso no le resta méritos al
trabajo que realizan los 140 ciudadanos que lo integran, quienes representan a
56 distintas organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas.
LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE MIDE A TRAVÉS DEL NÚMERO DE VOTOS
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Según
información proporcionada por el Instituto Federal Electoral (IFE), Guanajuato
es una de las 14 entidades con un grado de participación media, según
resultados de las elecciones celebradas en 2009.
Incluso,
en ese año hubo una reducción del uno por ciento en el número de votos, con
relación al año 2003.
Para
este año, en Guanajuato podrán votar tres millones 865 mil 908 personas que
aparecen en la lista nominal, de las cuales dos millones 23 mil 379 son mujeres
y un millón 842 mil 529 son hombres.
En
el caso de Celaya, existen en la lista nominal 327 mil 314 ciudadanos, de los
cuales 271 mil 873 viven en el distrito 12 y 55 mil 441 en el distrito 13.
La
participación ciudadana en los últimos tres procesos electorales ha disminuido
en poco más de un 15 por ciento. Según datos del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato (IEEG), en los comicios de 1995 votó el 59.35 por ciento de la
población en edad de hacerlo; tres años después, participó el 65.63 por ciento
y en las elecciones del año 200 votó el 65.68 por ciento, es decir 6.33 puntos más en comparación de las
elecciones presidenciales de 1994.
En
contraste, en el 2003 sólo participó el 48.41 por ciento de la gente, tres años
después, en 2006, 56.58 por ciento y hace tres años, en 2009 votó el 47.8 por
ciento.
En
términos relativos, las mujeres participaron más que los hombres. Las
excepciones se dieron en Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Tabasco y
Chiapas.
Los
niveles de participación por grupos de edades mostraron un padrón muy claro,
válido tanto a nivel nacional como por entidad federativa, consistente en que
los niveles más bajos corresponden a las edades comprendidas entre los 20 y 34
años.
En
este segmento de edades se concentró aproximadamente el 43 por ciento de la
población en edad de votar.
Una
excepción a la reducida participación en edades jóvenes la constituyó el grupo
de 18 años, en el que se encuentran ciudadanos que no sólo ejercieron su
derecho al voto por primera vez, sino que correspondió al grupo que más
recientemente había obtenido su credencial para votar. En este subconjunto de edades,
el nivel de participación fue superior a la media nacional (aproximadamente 44
por ciento)
A nivel
nacional, la participación promedio no parecía tener una diferencia, según la
condición urbano y no urbano. No obstante ello no era un patrón que se presentara
por entidad Federativa.
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